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6 de mayo de 2021

La Corte confirmó que Metrovías debe pagarle casi dos millones de pesos a una pasajera por sufrir lesiones en el subte

Actualidad

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2011, cuando una mujer viajaba en la Línea C y quedó atrapada con su brazo derecho entre las hojas de las puertas. La empresa había responsabilizado a la propia damnificada. 

La Corte Suprema dejó firme una condena por casi dos millones de pesos contra la empresa Metrovías, que explota el servicio de Subte en la Capital Federal, por las lesiones que sufrió una pasajera cuando las puertas de una formación se cerraron sobre una de sus manos.

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2011, en horas del mediodía, cuando la pasajera (cuya identidad permanecerá en reserva por cuestiones de seguridad) viajaba en la Línea C y quedó “atrapada en su miembro superior derecho, entre las hojas de sus puertas, ocasionándole daños y lesiones”.

La sentencia de primera instancia le había reconocido un resarcimiento de unos 125 mil pesos, pero al revisar la situación la Sala J de la Cámara elevó el monto a 700 mil, que sumados a los intereses de una década trepan a un monto final de más de 1,9 millones de pesos.

Metrovías, además, tendrá que pagar los honorarios de la abogada de la pasajera, que superan el medio millón de pesos.

La empresa que explota el Subte había responsabilizado a la propia damnificada por las lesiones que padeció, pero el tribunal replicó que “no puede endilgársele a los pasajeros -y menos aún como negligencia de éstos- que viajen en condiciones inseguras o inadecuadas, en vagones colmados o atribuirles haberse colocado en una situación de riesgo”.

Para las juezas Beatriz Verón y Gabriela Scolarici, fue la empresa “la que al no optimizar el servicio y/o utilizar todos los medios a su alcance (por ejemplo, agregar más formaciones, mayor frecuencia o mayores controles) no cumplió acabadamente con las obligaciones emergentes del contrato de transporte que pesaban sobre ella”.

El fallo destaca que “conducir al pasajero sano y salvo a destino, es un clásico ejemplo de responsabilidad de naturaleza objetiva, impuesta por el legislador por razones de política en materia de transportes, precisamente para inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material, capacidad y buen desempeño de su personal, y el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos”.

“Más allá del mayor o menor caudal de pasajeros existentes en la formación, lo cierto es que el infortunio sucedió por la falta de control y cuidado del servicio que explota” Metrovías, subraya la resolución.

La Corte Suprema, en su último acuerdo, con las firmas de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, rechazó la última apelación de Metrovías y dejó firme la sentencia.

El fallo subrayó que la legislación vigente en materia de transporte público de pasajero “obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe: la vida y la salud de sus habitantes”.

“Los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial”, resumió la resolución.TiempoArgentino.com

24 de septiembre de 2020

La Corte confirmó todas las condenas por la Tragedia de Once

Actualidad

Por unanimidad, el máximo tribunal descartó la mayor parte de los recursos de las defensas y dejó firmes las penas de prisión al maquinista Córdoba, exfuncionarios de Transporte y empresarios. Punto final para la causa, a 8 años del choque del tren que dejó un saldo de 52 muertos y 789 heridos.

En un fallo unánime en 11 expedientes distintos, la Corte Suprema ratificó las condenas dictadas por un tribunal oral federal N°2, luego del juicio y luego revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Esta instancia era la única pendiente para ratificar las penas de prisión para el maquinista Marcos Córdoba, exsecretarios de Transporte y los directivos de la empresa Cometrans SA. Salvo excepciones, sobre algunos que no fueron firmados por todos sus miembros, la Corte puso fin al trámite de una causa que comenzó el 22 de octubre de 2012, cuando el ferrocarril chapa 16 de la línea Sarmiento colisionó contra la estación terminal del barrio de Once.

Con los votos de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, (Juan Carlos Maqueda no votó) se rechazaron los recursos interpuestos a partir de invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Todos los recursos fueron desestimados, de manera que las condenas quedaron firmes.

Esto impacta en quienes acudieron “en queja” a la Corte: Juan Pablo Schiavi, Riczardo Jaime, Sergio Cirigliano, Roque Cirigliano, Pedro Ranieri, Jorge De los Reyes, Guillermo D’Abegnino, el maquinista Marcos Córdoba, Laura Aída Ballesteros, Francisco Adalbarto Pafumi, Carlo Michele Ferrari, Marcelo Calderín, Carlos Pont Verges, Antonio Suárez, Oscar Gariboglio, Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Alejandro Lopardo, y Sergio Tempone.

El caso de Jaime fue particular porque su situación fue variando: en el juicio resultó condenado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y absuelto por estrago culposo agravado. Apeló su defensa y fiscalía y querella por lo que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas, redujo las penas y revocó la absolución de Jaime condenándolo también como autor de estrago culposo agravado, elevando su pena de 5 a 7 años de prisión. Su defensa presentó nuevo recurso de Casación por esto último, lo que le fue denegado, lo mismo que el recurso extraordinario. La Corte consideró que su jurisprudencia indica que la revisión de una sentencia condenatoria en Casación debe ser revisada por otra sala de Casación, solamente en lo que atiene, en su caso, al estrago culposo.

De esta forma, se tuvo por probada “la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte, quienes tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal -hecho nº 1-. Ese suceso fue calificado como como constitutivo del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En lo que respecta puntualmente al choque y a las muertes, se dio por probado también que “no sólo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista, sino que además encontraba explicación en una diversidad de factores que se encuentran ampliamente descriptos en la sentencia y que responden a las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, a partir de las políticas empresariales verificadas y la ausencia de controles por parte de la Secretaría de Transporte, lo que representaba un constante peligro para la vida de las personas que a diario utilizaban los trenes que circulaban con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad. Este suceso fue calificado como estrago culposo agravado por haber causado la muerte de cincuenta y dos (52) personas y lesiones en otras setecientas ochenta y nueve (789)”.Por: Gabriel Morini - Ámbito.com

4 de marzo de 2020

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja del ex Ministerio de Trabajo de la Nación contra APDFA

Gremiales

Redacción Crónica Ferroviaria

La Secretaría de Prensa de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos mediante un comunicado que lleva la firma de su Secretario General, Ing. José Adrián Silva, informa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que presentara el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, que estaba a cargo de Jorge Alberto Triaca, contra el fallo definitivo de la Cámara 6 validando las elecciones de la APDFA del año 2017.

Cabe aclarar que anteriormente la Corte había rechazado también el recurso de queja de la Lista Celeste y Blanca que fue la que realizó las impugnaciones de dichas elecciones.


"Esta última decisión judicial da por finalizada la cuestión y demuestra que todos los intentos y maniobras realizadas para intentar provocar la intervención del sindicato carecían de fundamento y sólo obedecían a oscuros intereses", expresa el comunicado

A la vez, dice que "también queda claro que la acción desarrollada en todo este largo y difícil proceso por la Comisión Directiva fue para sostener la decisión democrática de los afiliados en las elecciones de todos los cargos orgánicos de la institución".

"Como Secretario General agradezco a todos los compañeros y compañeras que pusieron el cuerpo para enfrentar el ataque institucional sufrido, pues sin esa actitud hubiera sido imposible llegar a esta instancia", termina diciendo el comunicado de la APDFA.

4 de octubre de 2018

Tragedia de Once: Casación rechazó apelaciones y los condenados quedaron al borde de la detención

Actualidad

La Cámara Federal de Casación Penal denegó los recursos extraordinarios con los cuales los sentenciados intentaron que intervenga la Corte Suprema. Jaime ya está preso desde 2015.

La Cámara Federal de Casación Penal denegó los recursos extraordinarios con los cuales los primeros condenados por la tragedia ferroviaria de Once intentan que intervenga la Corte Suprema de Justicia, por lo que los sentenciados quedaron al borde de la detención.

Entre las personas que podrían ir a la cárcel en las próximas horas se encuentran los exsecretarios de transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi (quien ya está preso desde 2015), el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Córdoba.


Fuentes judiciales informaron que la Cámara tomó la decisión con las firmas en mayoría de Eduardo Riggi y Liliana Catucci, en tanto que Carlos Mahiques votó en disidencia parcial. Los jueces denegaron los recursos de todos los condenados y ahora el Tribunal Oral Federal 2 tiene la decisión de disponer las detenciones.

Ricardo Jaime tiene una condena de 8 años de prisión; Schiavi 5 años y medio; Claudio Cirigliano 7 años; y el maquinista Córdoba 3 años y 3 meses.

"Los recurrentes no rebatieron los argumentos esgrimidos por esta sala en la resolución que se cuestiona, limitándose a describir su particular visión sobre el asunto", sostuvieron los jueces. Además, tuvieron en cuenta que "la presentación de las defensas no pueden prosperar toda vez que la decisión en crisis constituye una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa".

Si bien todos los condenados tienen la posibilidad de apelar mediante recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, dicho trámite no es suspensivo de la condena impuesta a cada uno de ellos y por eso ya están para ejecutarse.

El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 impactó contra el andén de la estación Once, lo que provocó la muerte de 52 personas, por lo que los acusados habían sido condenados por estrago culposo.

Además, luego se verificaron irregularidades en el otorgamiento de subsidios de la concesionaria TBA, que tenía a cargo el tren Sarmiento, pues buena parte de los fondos públicos no eran destinados a la mejora del tren sino que el grupo Cirigliano los repartía a otras empresas del holding, al tiempo que se verificó también una gran cantidad de gastos particulares.

Si bien las pericias destacaron graves falencias en el servicio ferroviario, tanto de las formaciones como de los andenes, también estableció que los frenos funcionaban correctamente pese a una pequeña falla de aire y por eso también se le atribuyó culpabilidad al maquinista.

Los condenados de la entonces concesionaria TBA son Marcelo Alberto Calderón y Jorge Álvarez, ambos de TBA, habían sido condenados a 6 años; Carlo Michele Ferrari, Carlos Pont, Sergio Tempone y Jorge Alberto De los Reyes 5 años; Víctor Astrella, Laura Ballestero, Guillermo Antonio D Abenigno, Francisco Pafumi y Antonio Suárez 4 años; Roque Cirigliano 3 años y 6 meses; Pedro Roque Raineri, Oscar Gariboglio, Alejandro Lopardo, Daniel Guido Lodola y José Doce Portas a 3 años.Ámbito.com

16 de agosto de 2018

Con las paritarias ancladas en el 13%, Metrodelegados paran una hora los subtes

Gremiales

Los metrodelegados anunciaron un paro de actividades de una hora para mañana, entre las 13:00 y las 14:00, en las seis líneas del subte y en el Premetro. Es en el marco de un reclamo salarial, luego de que Larreta impusiera paritarias del 13%

La medida de fuerza consistirá en un paro de las seis líneas y el Premetro entre las 13:00 y las 14:00, mientras que también se realizará una apertura de molinetes en las cabeceras de las seis líneas de subte de 12:00 a 13:00 y de 14:00 a 15:00, informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

Los metrodelegados indicaron que la medida de fuerza es porque el “ Gobierno de la Ciudad cerró abruptamente las paritarias en un 13% (de aumento salarial) que, con la inflación de hoy día, no alcanza para nada”.


“Queremos llamar a la reflexión a la Ciudad y a Metrovías sobre su actitud y responsabilidad en el presente conflicto y reiteramos nuestra mejor voluntad para sentarnos juntos a buscar una pronta solución. Y asimismo pedimos disculpas a los pasajeros por las molestias que podamos ocasionar y solicitamos que busquen medios de transporte alternativos”, sostuvo la AGTSyP en un comunicado.

Se trata de un extenso conflicto que se mantiene desde abril pasado, cuando la empresa concesionaria Metrovías cerró la paritaria con el otro sindicato con representación en el subte, la UTA, debido a que la AGTSyP que conducen los metrodelegados tienen suspendida su personería gremial desde marzo último tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

A partir de allí, la AGTSyP estuvo realizando periódicas medidas de fuerza en rechazo al porcentaje de la suba salarial que arregló la UTA, que incluyeron varios paros rotativos en las distintas líneas en la franja horaria de las 21:00 a las 23:30, cuando finaliza el servicio, reclamando que se reabra la paritaria.Infogremiales.com

4 de junio de 2018

Grave: Triaca y el Banco Central quieren ahogar económicamente al sindicato del Subte

Gremiles

Mediante una resolución y una circular del BCRA prohibió a los bancos debitar de las cuentas sueldo de los trabajadores el aporte mensual a la AGTSyP y otros sindicatos "simplemente inscriptos".

Lo denunciaron los metrodelegados en la importante reunión de solidaridad que realizaron ayer en la sede de su sindicato: “tratan de asfixiarnos económicamente. El Ministerio de Trabajo sacó una resolución que los sindicatos simplemente inscriptos como el nuestro, no puede debitar la cuota sindical, y el Banco Central envió una circular a los dos bancos donde cobran los trabajadores del subte”.

La noticia generó un repudio inmediato, pero también una tarea para quienes fueron a solidarizarse: impulsar un fondo de lucha en los sindicatos y lugares de trabajo para enfrentar el intento de Triaca.


Pero lo cierto es que es un antecedente gravísimo. Incluso tomando la injustificable decisión de la Corte Suprema de retirarle la personería gremial a la AGTSyP intentando limitar su representación en las paritarias, los sindicatos simplemente inscriptos gozan de todos los demás derechos. En 2017 la justicia había definido, ante el caso del SiPreBA, que podían recaudar cuota sindical con el acuerdo de sus afiliados.

La maniobra del gobierno nacional no sorprende. Tomó una “consulta de Metrovías” para emitir una rápida resolución para que el sindicato del Subte - y cualquier otro en su situación - no reciba dinero de sus afiliados por débito automático. Los únicos "agentes de retención" pueden ser los empleadores.

La notificación fue enviada al Banco Central, que tuvo que distraerse por un momento de su tarea de llenar los bolsillos de los especuladores con la bicicleta financiera. Con fecha 31/05 difundió una circular a la que tuvo acceso La Izquierda Diario, donde plantea que "solo las entidades sindicales con Personería Gremial pueden representar colectivamente los intereses de los trabajadores. Bajo ningún concepto las entidades bancarias pueden actuar como agentes de retención –directa o indirectamente– de la cuota de afiliación u otros aportes con destino a las entidades sindicales".

Pero la notificación no es casual. Según pudo saber La Izquierda Diario, funcionarios del BCRA se comunicaron especialmente con las dos entidades donde cobran los empleados de Metrovías. El objetivo era claro: que desde allí los afiliados a la AGTSyP no puedan debitar la cuota sindical al sindicato que eligieron que los represente.

La medida es ilegítima, ya que no dejan aportar a los trabajadores a la organización que han elegido libremente. Pero además atenta contra todas las normativas no solo locales sino internacionales. Justo tres días antes de que el ministro viaje a la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Así, todos los trabajadores del subte no solo reciben el descuento compulsivo de sus salarios que Metrovías como "agente de retención" le deriva a la UTA, aunque esta representa a una ínfima minoría. Además les impiden que aporten voluntariamente al sindicato que eligieron que los represente.

El abogado de los metrodelegados, Guillermo Giannibelli, denunció a Página 12 que “el Estado argentino ha resuelto que uno puede hacer con su cuenta bancaria lo que quiera salvo pagar la cuota sindical” y constituye “una demostración de la decisión estatal de arrasar con una experiencia sindical inédita”.

Evidentemente, este nuevo ataque muestra no solo hasta dónde puede llegar el intento de Cambiemos de intentar derrotar a quienes desafían el techo salarial y defienden su organización de base. También la brutal injerencia del Estado y las patronales en la vida de las organizaciones gremiales. En el modelo sindical peronista que defiende la CGT, las bases deben subordinarse a las cúpulas burocráticas, y los sindicatos al Estado.

En el plenario solidario que se realizó este viernes en la AGTSyP, se discutió denunciar este ataque a la “libertad sindical”, pero además rodear de solidaridad a los metrodelegados, que incluye el aporte al fondo de lucha para seguir peleando contra los planes de Macri y Roggio. Para eso se comprometieron a apoyar todas las medidas que vote el plenario de delegados del subte este lunes.LaIzquierdaDiario.com

23 de marzo de 2018

En pleno show con la Justicia, Macri esquiva el 'sismo' Odebrecht

Actualidad

Macri, la Justicia, la Corte, o parte de esta, Comodoro Py, el "teléfono descompuesto", el "guiño", la reforma judicial, entre otros conforman el gran show que se monta para levantar la imagen de un presidente que ya piensa en su reelección, y lo hace cuando el caso de corrupción que el Departamento de Estado de USA calificó como "el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia" hace temblar a los políticos más importantes del continente, llevándose puesto incluso, en los últimos días, al presidente de Perú, cuyos negocios con la brasilera Odebrecht representan menos de la mitad de los que tenía en la Argentina. ¿Qué ocurre acá? Para los medios no vale ni una tapa, para Macri, que llegó a la presidencia polarizando con Cristina Kirchner con eje en la corrupción, es un gran dilema sobre el que no pretende avanzar. Pero la Corte y su titular Ricardo Lorenzetti tampoco. ¿De qué lucha contra la corrupción estamos hablando entonces? La primera vez pudo engañar. La segunda no será tan fácil. Sino, que consulte a los oficialismos del continente que se preparan para elecciones este año.

La renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, es más que un fuerte simbolismo sobre el malestar profundo que existe en toda América Latina con la corrupción. Es, en efecto, el primer jefe de Estado de un país de la región que cae como consecuencia directa de las acusaciones de sobornos desembolsados por la corporación brasileña Odebrecht.


 Todo comenzó en junio de 2015, en el marco de la operación Lava Jato, con el arresto de Marcelo Odebrecht, entonces presidente de la mayor constructora de la región, que generó un terremoto político en Brasil por sus íntimos vínculos con los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff.

Pocos imaginaban entonces que ese sismo provocaría luego un gigantesco tsunami en toda la región cuando Odebrecht y otros 70 exejecutivos de la compañía firmaron un acuerdo de delación premiada con las autoridades judiciales de Brasil, USA y Suiza.

A través de ese mecanismo judicial reconocieron haber pagado multimillonarias coimas a funcionarios para obtener jugosos contratos de obras públicas en una docena de países, nueve de ellos latinoamericanos.

Las alarmas se encendieron en la Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se iniciaron investigaciones locales que dieron como resultado varias denuncias contra funcionarios de gobiernos vigentes y del pasado reciente, lo que puso en aprietos a más de un mandatario.

En Perú, las principales imputaciones cayeron tanto sobre Kuczynski como sobre los expresidentes Alejandro Toledo, hoy prófugo, y Ollanta Humala, preso.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli quedó tras las rejas, pero en USA. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, aliado de Rafael Correa, también fue detenido.

En México y en Colombia, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, respectivamente, tuvieron que salir a defenderse de acusaciones de financiamiento ilegal de sus campañas presidenciales.

Las denuncias también sacudieron al gobierno del dominicano Danilo Medina y del guatemalteco Jimmy Morales, mientras que el venezolano Nicolás Maduro blindó a su régimen de las investigaciones de la procuradora general Luisa Ortega, quien terminó en el exilio.

Pero en la Argentina, más allá de las numerosas acusaciones de corrupción contra funcionarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el escándalo, que también salpicó a Mauricio Macri a través del director de la Agencia Federal de Inteligencia, persiste en la nebulosa.

Dicen que en los países en los que las investigaciones no pudieron avanzar significativamente, el desencanto de la población se expresa mediante la bajísima popularidad de los oficialismos, sobre todo, en los candidatos de éstos para las elecciones venideras.

Hasta el momento, las investigaciones en Argentina habían apuntado principalmente a importantes figuras de la era Kirchner, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.

Pero el caso también salpicó, como se mencionó, al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, amigo personal de Macri.

A Arribas se lo acusó de haber recibido más de US$850.000 de Odebrecht, lo que él siempre negó. El 23 de junio del año pasdo, la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en contra de Arribas.

Y el mandatario argentino siempre salió a defender públicamente a su amigo, declarándose convencido de su inocencia.

Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y dueño de la firma IECSA, también estuvo acusado por supuesto pagos de sobornos en la adjudicación de la obra del soterramiento del tren Sarmiento. El fiscal Franco Picardi le había impuesto un embargo millonario.

Otro político acusado por la causa Odebrecht fue el ex gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota. Tres legisladores pidieron su investigación por su relación con los publicistas de la constructora, Joäo Santana y Mónica Moura, condenados por este mega caso a ocho años de prisión por lavado de dinero.

El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, afirmó hace 8 meses que quedó más que claro que desde Cambiemos "necesitan cubrir a Mauricio Macri que es socio de Odebrecht desde hace 12 años y está involucrado en cada uno de los hechos de corrupción que se le adjudican a esta empresa en la Argentina".

En este sentido, el legislador precisó que actualmente "cómo mínimo hay 5 causas penales donde el Presidente está involucrado con Odebrecht", las enumeró:

1- "La causa de Gustavo Arribas". A principios de este mes, Arribas volvió a quedar en la mira de las autoridades brasileñas, sospechoso de lavado de dinero internacional. Bajo el nombre de "Operación Descarte", se efectuaron 15 allanamientos en San Pablo, Santos, Paulínia, Belo Horizonte y Lamim que tuvieron como eje al empresario de la construcción Atila Reys Silva, considerado el operador financiero de esta amplia trama de corrupción. Fue así que los agentes federales descubrieron que una de las células del esquema de lavado de dinero había realizado cuantiosas transferencias ilícitas a Arribas en la Argentina vía un banco asiático.

El jefe de la AFI solo reconoce una transferencia de US$70.475 y argumenta que fue una operación lícita. Primero dijo que se trataba de un inmueble; después, de bienes muebles.

2- "Una causa donde se investiga la administración fraudulenta del Fondo de Garantías del ANSES que se usó para financiar en Córdoba una obra de Odedrecht absolutamente irregular".

3- "El soterramiento del Sarmiento donde se está investigando si hubo sobornos para quedarse con la obra donde estaba la empresa del presidente".

4- "El DNU de 45 mil millones de pesos adjudicado directamente por Macri al consorcio Odebrecht - IECSA".

5- "La causa Correo Argentino donde el principal acreedor del Correo después del Estado es Odebrecht, a través de un Banco trucho por el que se pagaron 1600 millones de dólares de coima en todo el mundo".

Con respecto a Arribas, cabe recordar que el jefe de la AFI fue sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con el aval del fiscal de Cámara Germán Moldes, que desistió de la apelación.

Sergio Rodríguez, el fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se opuso a ese cierre, pero la Cámara de Casación Penal le dijo que no estaba legitimada para pedir la reapertura de la causa porque "a la fecha de los hechos materia de investigación" Arribas no era funcionario y la PIA, una fiscalía especializada en temas de corrupción, solo tiene atribuciones para perseguir a quienes sí lo son.

Por eso, dijo la Casación, no tenía "legitimación para apelar el sobreseimiento". La PIA apuesta ahora a que la Corte Suprema revierta este criterio y la habilite a seguir peleando el caso. Esa es la única vía por la que podría reabrirse la denuncia contra Arribas.Fuente: Urgente24.com

16 de marzo de 2018

Metrodelegados: “No descartamos medidas de autodefensa”

Gremiales

Los metrodelegados redoblaron su rechazo al fallo de la Corte Suprema. Los dirigentes gremiales anunciaron que recurrirán ante la OIT y la CIDH. Advirtieron que si Sbase no los convoca a la discusión paritaria o por el reclamo de existencia de asbesto en los trenes realizarán medidas de fuerza.

El fallo de la Corte Suprema que dejó la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en un limbo favorable a los intereses de la Unión Tranviario Automotor (UTA) será motivo de demandas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


Mientras tanto, los metrodelegados aseguraron ayer en conferencia de prensa que continuarán representando a sus afiliados y advirtieron que sólo recurrirán a medidas de fuerza si Subterráneo de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) desconoce su condición de representantes de los trabajadores del subte tanto en la denuncia por la existencia de material cancerígeno en formaciones adquiridas por el macrismo y en la discusión paritaria. “No descartamos tomar medidas de autodefensa”, aseguró Roberto Pianelli.

Para los dirigentes de metrodelegados, Roberto Pianelli y Néstor Segovia, no hay dudas de la condición política del fallo de los supremos. Por caso, Pianelli dijo durante la conferencia de prensa de ayer que “la respuesta a nuestro reclamo por asbesto (amianto) en los vagones de la Línea B llegó a través de la Corte, de una Corte adicta al Gobierno, que falla a favor de los sindicatos que firman paritarias a la baja (en alusión a la UTA)”. La referencia al gremio que conduce Roberto Fernández no es gratuita. La UTA cerró paritarias por el 15 por ciento que se pagarán en tres cuotas siendo la última pagadera en enero de 2019. Más allá de ese detalle lo cierto es que sobre un universo de 3.500 empleados que tiene el subte, los metrodelegados cuentan con 2600 afiliados y la UTA apenas 900. Esta es la razón por la que los colectiveros nunca aceptaron realizar ante la cartera laboral lo que conoce como la compulsa, un procedimiento donde los gremios que se disputan la representación de los trabajadores deben demostrar la cantidad de afiliados que tienen.

Ayer, durante la mañana, Segovia señaló que la decisión de la Corte “es parte de la persecución política y sindical que está habiendo en este país” y además afirmó que a pesar de todos los trámites realizados en estos últimos años, el gobierno de Cambiemos, el Ministerio que conduce Jorge Triaca y Metrovías se negaron a recibirlos.

Por ahora los metrodelegados tienen dos caminos a desarrollar. Por un lado presentar las demandas ante la OIT y la CIDH por entender que el fallo de la Corte representa “un ataque a la libertad sindical”. El otro camino es el de continuar representando a los trabajadores. Por caso, el próximo lunes debe realizarse una reunión con Sbase por la denuncia de la existencia de asbesto en las formaciones españolas que adquirió el gobierno porteño. “Si no nos reciben para acordar hacer estudios de salud a los compañeros para saber si están contaminados, tendremos que tomar alguna medida”, adelantó Pianelli. Ese no será el único día crítico porque el próximo 23 debe realizarse una nueva reunión paritaria y Pianelli señaló que si la pretensión es discutirla con la UTA “entonces habrá conflicto”.

Ayer los dirigentes reiteraron que la pretendida anulación del sindicato está relacionada con la nueva licitación del servicio de subterráneos: “Quieren garantizarle a la próxima empresa la posibilidad de que vuelva la jornada laboral de 8 horas y anular otras conquistas que obtuvimos ”, consideró otro de los metrodelegados, Claudio Dellacarbonara.Página12.com

19 de febrero de 2018

La Corte ratificó la "inmunidad" para delegados gremiales

Gremiales

En un fallo que sentará una fuerte jurisprudencia, la Corte Suprema de la Nación consideró que un delegado gremial puede ser suspendido o despedido de su puesto laboral cuando "mediare justa causa" con lo cual ratificó la "inmunidad" de los representantes sindicales.

La sentencia, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, revocó un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que había privado a un docente universitario de la garantía legal de estabilidad en el puesto de trabajo que ampara a los representantes sindicales.

A través del fallo, que contó con el voto concurrente el juez Horacio Rosatti, y con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, la Corte concluyó que no caben la suspensión o el despido "salvo que mediare justa causa".

Representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Sucede que bajo el argumento de que el desempeño del profesor Luis Raúl Calarota era "deficiente", la Universidad Nacional de Rosario solicitó que se levantara la tutela especial que la ley le otorgaba por su condición de dirigente gremial.

En ese contexto, la Cámara Federal de Rosario admitió el pedido afirmando que solamente correspondía efectuar un examen preliminar de las circunstancias del caso al considerar que bastaba con que fuera verosímil la afirmación de que el desempeño del profesor era deficiente para quitarle el amparo de la ley sindical.

Sin embargo, la Corte dejó sin efecto la decisión de la cámara haciendo hincapié en que tanto el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo establecen que los representantes gremiales deben gozar de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindica.

Sin embargo, el máximo tribunal concluyó que el despido de un dirigente sindical puede dictarse "a partir de una cabal comprobación del motivo justificado que el empleador invoque". Pues sucede que la Corte consideró que la resolución de la Cámara rosarina "sólo se limitó a efectuar un examen superficial del caso" para señalar simplemente que el motivo invocado por la Universidad era verosímil.

Vale destacar que cuando un trabajador cuenta con la llamada "tutela sindical" ya sea porque delegado o porque ocupa un cargo en la asociación sindical, el empleador para despedirlo, sancionarlo o modificarle las condiciones de trabajo debe hacer un procedimiento previo que se denomina "proceso de exclusión de tutela". Esto último es ni más ni menos que un proceso judicial en el que el empleador busca sancionar o despedir al delegado sindical por lo que exige al juez que se lo excluya de dicha tutela.

En ese contexto, la biblioteca judicial se divide en dos: por un lado, quienes entienden que un juez sólo decide si amerita o no la exclusión, o por el otro lado, quienes consideran que en el proceso de exclusión se debe tener en cuenta la sanción que se propone. De este modo la sentencia haría cosa juzgada y no existiría posibilidad de cuestionamiento posterior por el trabajador.

En esta oportunidad, la Corte decidió ir por el segundo camino sentenciado que un delegado gremial puede ser suspendido o despedido de su puesto laboral cuando "mediare justa causa".Ámbito.com

19 de mayo de 2017

La Corte deberá resolver la personería de los metrodelegados

Gremiales

La Cámara Nacional del Trabajo envió a la Corte Suprema de Justicia el recurso extraordinario que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) presentó contra el fallo del tribunal laboral que revocó su personería gremial.

El recurso de los metrodelegados, junto con el expediente caratulado “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro y otros”, de unas 500 fojas, fue enviado a la Corte Suprema  el lunes último con una nota al presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, firmada por el camarista Miguel Pirolo.

Fuentes judiciales recordaron que semanas atrás la Sala II de la Cámara otorgó el recurso extraordinario y habilitó la intervención del máximo tribunal, decisión que deja en suspenso la revocatoria de la personería de los denominados Metrodelegados hasta que la Corte se pronuncie.


La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que consintió la revocatoria de la personería gremial, se había opuesto a la concesión del recurso extraordinario, pero la Sala II de la Cámara “elevó” el expediente a la Corte porque consideró que si bien su sentencia no fue “arbitraria”, hay una “cuestión federal” en litigio.

Hace algo más de dos meses los camaristas Miguel Pirolo, Graciela González y Miguel Angel Mazza revocaron la personería gremial de la AGTSyP tras evaluar que la Resolución 1601/2015 del Ministerio de Trabajo, entonces a cargo de Carlos Tomada, obvió “irregularidades formales", detectadas en la gestión de la personería.

El tribunal mandó entonces subsanar esos defectos y que luego el ministerio “se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda", es decir si corresponde o no confirmar la personería gremial de los Metrodelegados.

El pedido de reconocimiento de personería gremial por parte de la AGTSyP tramitó durante años en la cartera laboral, hasta que el 26 de noviembre de 2015 se firmó la resolución que cinco días después y algunos antes del fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se publicó en el Boletín Oficial.

La causa tuvo su origen en el planteo de nulidad que contra aquella resolución presentó la UTA, que se consideró parte afectada porque, hasta el surgimiento de los Metrodelegados concentraba la representación gremial de los trabajadores del subte.Telam.com

9 de mayo de 2017

APDFA: Rechaza la aplicación del 2 x 1 aplicados a casos de delitos de Lesa Humanidad

Gremiales

Redacción Crónica Ferroviaria

La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos mediante una Circular General rechaza la aplicación del 2 x 1 aplicados a casos de delitos de Lesa Humanidad. Por lo tanto expresa lo siguiente

"En virtud de los recientes acontecimientos en materia judicial con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sienta precedentes para otorgar este posible beneficio del 2 x 1 a otros represores ya condenados, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Argentinos, se expresa y manifiesta lo siguiente:

* Rechazo enérgico y total de la aplicación del 2 x 1

* No al retroceso en materia de Derechos Humanos

* Alineamiento de la justicia Argentina a los instrumentos internacionales para este tipo de delitos de Lesa Humanidad.

* Apoyo a los diferentes organismos de Derechos Humanos en su lucha.

"Por lo expresado anteriormente, y coherente nuestro sindicato con nuestro proceder en aquellas nefastas épocas, convocamos a los compañeros y compañeras que deseen concurrir mañana a reunirnos a la Plaza de Mayo a las 16,00 horas", termina expresando la Circular General de APDFA

14 de marzo de 2017

Fallo contra los Metrodelegados: “En la Corte Suprema va a ser invalidado”

Gremiales

En diálogo con “Llevalo Puesto”, de FM La Tribu, Enrique Rosito, secretario de prensa de la AGTSyP, popularmente conocidos como los Metrodelegados, analizó las implicancias de la medida de la Justicia y explicó los pasos que seguirá el gremio para enfrentarla.

El pasado viernes 10, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió aceptar un antiguo recurso presentado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio dirigido por Roberto Fernández. Argumentó problemas administrativos en la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) concedida en 2015 por el Ministerio de Trabajo, en ese entonces encabezado por Carlos Tomada.


En diálogo con “Llevalo Puesto”, de FM La Tribu, Enrique Rosito, secretario de prensa de la AGTSyP, popularmente conocidos como los Metrodelegados, analizó las implicancias de la medida de la Justicia y explicó los pasos que seguirá el gremio para enfrentarla.

- ¿Cuáles son las razones que se alegan para este fallo por el que la Justicia les revoca la personería gremial?

– En cuanto a la razón formal, fundamentalmente lo que aduce el fallo es la inasistencia de la UTA a la audiencia de cotejo, esa jornada en la que cada sindicato debía llevar su libro de afiliados y demostrar quién tiene más. Esto es como la final de un campeonato: estando los dos equipos convocados, uno decide no ir y después va a la Justicia a apelar el resultado del partido. Para decirlo bien, uno decide no ejercer su derecho. Y esto es una aberración jurídica, lo cual nos abre las puertas para una presentación ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Organización Internacional del Trabajo.

Pero lo otro que nosotros vemos, que tiene que ver con la permeabilidad que durante décadas ha demostrado el Poder Judicial hacia las necesidades del poder político, es que esto sucede cuando el gobierno de Mauricio Macri vive uno de sus peores momentos. Hace menos de una semana medio millón de personas salió a la calle a exigir un paro general repudiando las políticas económicas de Cambiemos, hay movilización docente, de las mujeres, hay cuestionamiento a los vetos a las expropiaciones de las empresas recuperadas… Hay toda una política que está siendo repudiada por la gente. Y en ese marco aparece un fallo que favorece a uno de los actores principales para garantizar o evitar el paro que se está gestando para fines de marzo. Esto es lo que nosotros creemos más preocupante.


- ¿Con ese fallo quién estaría siendo favorecido concretamente?

– La burocracia de la UTA, que ha jugado para el macrismo hace mucho tiempo, que ha sido favorecida con subsidios increíbles… Son, como ya sabemos, las típicas prebendas que reciben las burocracias en la Argentina, porque la situación de los trabajadores del transporte sigue dejando mucho que desear y está muy lejos de las condiciones que hemos obtenido los trabajadores que estamos en el subte y el premetro.

- ¿Cómo venía siendo la negociación previa a este fallo judicial, teniendo en cuenta que se venían las paritarias?

– Sólo habíamos presentado el pedido de apertura de las paritarias, ya que internamente no habíamos llegado todavía ni siquiera a realizar las asambleas de base, que son aquellas instancias en las que los compañeros deciden el pedido que vamos a presentar. Y esto también es importante aclararlo, porque por un lado hay jurisprudencia de la Corte Suprema en la que un sindicato que tenga la simple inscripción tiene derecho a declarar el derecho de huelga y a elegir delegados con fueros gremiales. Es decir, en la práctica esto no cambiaría para nosotros.

Y, por otro lado, en cuanto a la paritaria, si bien es cierto que con este fallo de la Cámara el poder de firma del convenio colectivo de trabajo lo tiene la UTA, el gobierno se ha comprado un problema porque no puede garantizar el ejercicio real de este acuerdo paritario si no está previamente discutido con los que tienen el poder real, con la unanimidad que da la confianza de los compañeros, que somos nosotros.

- ¿Desde los Metrodelegados podían llegar a prever este fallo del viernes? ¿Había algún indicio, alguna señal que hubieran recibido?

– No, la verdad que no, porque este expediente estuvo casi un año durmiendo en los cajones del Ministerio antes de ser elevado a la Justicia, que lo tuvo durante muchos meses… Por eso también nos parece extraño que el día anterior a la convocatoria de la CGT la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decida este fallo que realmente tiene ribetes escandalosos.

Por ejemplo, otro de los puntos que cita como necesario para la anulación de la resolución es que en la primera audiencia, que se llama Audiencia compulsa, en la cual el sindicato tiene que presentarse al Ministerio para decir, por ejemplo, “tengo un 20% del total de afiliados”, como para iniciar el trámite y allí se lo recibe. En ningún lugar dice que la UTA debe ser convocada, sin embargo el fallo plantea que el hecho de que no se la haya convocado a estar presente en ese momento constituye un fallo administrativo grave que justifica la anulación de la resolución.

Entendemos que son errores muy graves. Y seguramente cuando esto llegue a la Corte Suprema va a ser invalidado y los trabajadores del subte tendremos la representación que legítimamente hemos elegido.

- No sólo la UTA está presente ahora, metida en lo que es este pedido de amparo, sino que cuando ustedes estaban buscando la personería gremial tampoco se lo hacían fácil…

– No, claramente. La única actitud que ha tenido la UTA durante toda la tramitación de la personería, que llevó alrededor de cuatro años, ha sido dilatoria y de maniobras administrativas y judiciales. Nunca se ha presentado a ninguna de las audiencias a las que se la ha convocado. Cada citación que se le ha hecho desde el Ministerio de Trabajo ha sido apelada por ellos ante la primera instancia y ante la Cámara. Entonces sabemos que son maniobras judiciales que hacen que cualquier paso de los requeridos para obtener la personería gremial llevara en lugar de tres o cuatro meses, como es habitual, un año o un año y medio.

Está claro que no quieren presentarse para abrir los libros y demostrar quiénes son los que tienen mayor cantidad de afiliados, sino lo hubieran hecho en su momento, en noviembre de 2015, cuando los estábamos esperando para ganarles como corresponde, con los libros abiertos arriba de una mesa, el cotejo de afiliados, demostrando quiénes son los trabajadores que realmente y en forma democrática han sido elegidos para representar a los trabajadores del subte y el premetro.

- Como AGTSyP, ¿cuáles son los pasos a seguir en términos legales o con otras acciones concretas?

– Los términos legales ya más o menos han sido delineados. Vamos a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, de no ser así se presentará un recurso extraordinario. Paralelamente vamos a recurrir a la OIT en queja por estas violaciones a los derechos de libertad sindical.

Los pasos políticos y gremiales, que son los que están más cercanos a la acción directa, los vamos a terminar de definir en una reunión de la Comisión Directiva. Empezaremos a charlar con los compañeros, llamaremos luego a una reunión de delegados para consensuar estas medidas y luego las anunciaremos.FMLaTribu.com

16 de noviembre de 2016

La Corte confirmó la condena de Pedraza

Actualidad

Con el voto de todos sus miembros, la Corte Suprema ratificó este martes (15/11) las condenas contra el ex secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y el resto de los imputados por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra. El sindicalista había sido condenado en 2013 a de 15 años de prisión por ser considerado el instigador del asesinato del militante del PO, condena que desde febrero de este año cumple en prisión domicilaria.

La Corte Suprema ratificó este martes (15/11) las condenas contra el ex secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y el resto de los imputados por el homicidio del militante del PO Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en el marco de un reclamo gremial de trabajadores tercerizados en el barrio porteño de Barracas.


Recordemos que en abril de 2013 Pedraza había sido condenado a 15 años de prisión por ser considerado el instigador del asesinato de Ferreyra, condena que desde febrero de este año cumple en prisión domiciliaria, que le fue concedida por problemas de salud del sindicalista y por su edad (ver nota relacionada).

Hoy, con votación unánime, el máximo tribunal rechazó el recurso de la defensa de Pedraza y también desestimó los planteos contra las condenas impuestas a Juan Carlos Fernández, Cristian Favale y otros nueve acusados por los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010 en el barrio Barracas durante una protesta de laboral.Urgente24.com

24 de junio de 2014

La Corte pide un "trato digno" para los usuarios de tren

Actualidad

La Corte Suprema de Justicia además, revocó dos fallos que rechazaban acciones de amparo contra el Estado de los ferrocarriles.

La Corte Suprema de Justicia revocó  dos fallos que rechazaban acciones de amparo contra el Estado de los ferrocarriles, calificó el estado de los trenes de "lamentable" y pidió un "trato digno" para los pasajeros.


Además, expresó que el Estado debe "adoptar medidas para que el usuario sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o son menores".

"La Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a los usuarios y consumidores", agrega la Corte.

Luego agregan: "Quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos del Estado deben cumplir con la Constitución garantizando un contenido mínimo a los derechos fundamentales y muy especialmente en el caso de las prestaciones, en las que están en juego tanto la vida como la integridad física de las personas".


¿Qué opinás del estado de los trenes? - Fuente: Diario Veloz